Difícil mantenerse al margen de la controversia que sostienen las autoridades del Arzobispado de Lima y de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la conducción económica y académica de la Universidad. Basta observar que son los dos principales diarios del país los portavoces de los argumentos de ambas instituciones. Sin embargo, es posible que la abundancia de información que circula en los medios tienda más a confundir que a orientar la opinión de mucha gente, especialmente la de aquella que reconociéndose católica contempla con dolor este conflicto que alguien ha calificado como una “guerra fratricida”.

Comparto la opinión de que el debate de fondo en esta controversia legal, y luego mediática, no es de naturaleza jurídica ni realmente económica. Se trata de un diferendo con grandes rasgos ideológicos que, a decir verdad, está presente en el seno de la Iglesia desde hace ya varias décadas, y que en el Perú, a falta de espacios de diálogo, ha terminado expresándose en esta disputa institucional. Si bien el conflicto se activa en el Poder Judicial -en lo relacionado a los bienes de la Universidad- y se agudiza luego con un comunicado vaticano cuestionado recientemente por la PUCP –en lo que toca al Estatuto de la Universidad-, es importante destacar que detrás de la polémica hay dos lecturas diferentes de la identidad cristiana y de la vida de la Iglesia que hace falta discernir para poder comprender con justeza. Las conclusiones y atribuciones apresuradas han venido y seguirán produciendo solo caricaturas de lo que es un debate de fondo en el catolicismo, al que el mundo universitario católico no está ajeno.

Por supuesto, se debe procurar que sea el derecho quien resuelva con justicia tanto en Lima como entre las instancias eclesiales pertinentes. Este deseo no me impide compartir que así como tiendo a pensar que la herencia del benefactor Riva Agüero es propiedad exclusiva de la Universidad como asociación civil, me parece también que las observaciones hechas por el Vaticano al Estatuto de la Universidad tienen asidero histórico y por ello debieran ser materia de un diálogo algo más que honorífico, más allá de si se esté o no de acuerdo con ellas. Creo que la confesión católica de una institución no determina la propiedad de sus bienes. Y, a la vez, creo que los importantes problemas que afectan hoy a la Iglesia no deslegitiman a priori las reservas de la Santa Sede ante el actual Estatuto universitario, observaciones que, ciertamente, anteceden a las actuales autoridades del Arzobispado y de la Universidad. Seguir leyendo en Políticamente Creyente